Los alrededor de 2.000 expedientes mineros solicitados en España, la mayor parte en el mundo rural, unieron, hace algunos años, a parte de la población afectada por los mismos en plataformas ciudadanas que luchan por defender un territorio que la minería a cielo abierto intenta destruir. Estas plataformas se han convertido en la incómoda piedra en el camino de un lobby minero que intenta vender una minería verde que no existe.
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